Tribunal Constitucional desestima amparo sobre fecha de inicio de pensión minera

Texto extraído de la publicación oficial en Tribunal Constitucional. El documento original es la única versión con valor legal.

Sala Segunda. Sentencia 1112/2026
EXP. N.º 00527-2025-PA/TC 
LIMA
AGUSTÍN RUFINO TURPO QUISPE
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 20 días del mes de julio de 2026, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Ochoa Cardich 
Domínguez Haro y Gutiérrez Ticse, ha emitido la presente sentencia. Los 
magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con 
lo votado.
ASUNTO 
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Agustín Rufino 
Turpo Quispe contra la resolución de fecha 17 de diciembre de 2024
1
, 
expedida por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, que declaró infundada la demanda de amparo de autos. 
ANTECEDENTES 
El recurrente, con fecha 26 de marzo de 20242, interpuso demanda de 
amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto 
de que se declare inaplicable la Resolución 16809-2022-ONP/DPR.GD/DL 
19990, de fecha 24 de marzo de 2022, que le reconoce una pensión de 
jubilación minera al amparo de la Ley 25009; y que, en consecuencia, se le 
paguen los devengados y sus correspondientes intereses legales 12 meses 
antes de la fecha de la presentación de la solicitud o apertura de expediente 
de pensión de jubilación de conformidad con la resolución impugnada, en 
aplicación del artículo 81.° del Decreto Ley 19990, al haberse dispuesto por 
error el pago de los devengados desde el 10 de diciembre de 2020.
El demandante manifiesta que a la fecha de solicitud o apertura del
expediente cumplía los requisitos para acceder a la pensión de jubilación 
minera.
La ONP dedujo la excepción de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y contestó la demanda3solicitando que se la declare 
improcedente o infundada. Manifiesta que la pretensión no debe ser tramitada 
en vía del amparo, al existir una vía procedimental específica igualmente 
satisfactoria, de conformidad con el artículo 7.2 del Nuevo Código Procesal 
Constitucional. Alega que la remuneración de referencia fue calculada 
1 Foja 96.
2 Foja 10.
3 Foja 56.
Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimiblelocalizada en la sede digital del Tribunal Constitucional. La verificación puede ser efectuada a partir de la fechade publicación web de la presente resolución. Base legal: Decreto Legislativo N.° 1412, Decreto Supremo N.°029-2021-PCM y la Directiva N.° 002-2021-PCM/SGTD.URL: https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2026/00527-2025-AA.pdf
Sala Segunda. Sentencia 1112/2026
EXP. N.º 00527-2025-PA/TC 
LIMA
AGUSTÍN RUFINO TURPO QUISPE
considerando el promedio de las remuneraciones efectivas percibidas por el 
actor de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 73. ° del Decreto Ley 19990, sin 
considerar los periodos no laborados. Aduce que las pensiones devengadas se 
abonaron desde la fecha de la contingencia, es decir desde el 10 de diciembre 
de 2020, conforme a lo establecido en la Ley 30927.
El Segundo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 11 de setiembre 
de 20244, declaró infundada la demanda, por considerar que la fecha de 
contingencia es la fecha de cese laboral (31 de enero de 1993), pues a dicha 
fecha el demandante contaba con la edad y los años de aportes requeridos 
para acceder a la pensión solicitada. Añade que la propia norma autoriza al 
asegurado a iniciar el trámite para obtener la pensión antes de cesar en el 
trabajo; que, sin embargo, la pensión sólo comenzará a abonarse cuando cese 
en el trabajo y pase a tener la condición de pensionista. El Juzgado argumenta 
que el actor presentó su solicitud el 10 de diciembre de 2021; que, por ello, 
conforme al artículo 81. ° Decreto Ley 19990, le correspondería el pago de 
devengados 12 meses antes de la presentación de su solicitud, esto es, a partir 
10 de diciembre de 2020.
La sala superior competente confirmó la apelada por similares 
fundamentos.
FUNDAMENTOS 
Delimitación del petitorio
1. En el presente caso, el objeto de la demanda es que se declare inaplicable 
la Resolución 16809-2022-ONP/DPR.GD/DL 19990, de fecha 24 de 
marzo de 2022, en el extremo referido a la fecha de inicio de pago de los 
devengados; y que, en consecuencia, se disponga el pago de las pensiones 
devengadas de conformidad con lo establecido por el artículo 81 del 
Decreto Ley 19990, con el abono de los intereses legales.
2. Si bien en el presente caso la pretensión planteada, esto es, el 
reconocimiento de pensiones devengadas, no se relaciona directamente 
con el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pensión, 
conforme a la Regla Sustancial 6 establecida en el precedente sentado 
en la Sentencia 05430-2006-PA/TC, se debe tener en cuenta que el caso 
de autos requiere de tutela urgente debido a la edad avanzada del 
demandante (83 años), por lo que, de acuerdo con lo señalado en el 
4 Foja 73.
Sala Segunda. Sentencia 1112/2026
EXP. N.º 00527-2025-PA/TC 
LIMA
AGUSTÍN RUFINO TURPO QUISPE
fundamento 16 de la referida sentencia, y con el fin de evitar una 
situación irreparable, esta sala del Tribunal Constitucional ingresará en 
el análisis de fondo de la controversia y procederá a emitir 
pronunciamiento.
Análisis del caso
3. El artículo 81 del Decreto Ley 19990 establece que solo se abonarán las 
pensiones devengadas correspondientes a un periodo no mayor de doce 
meses anteriores a la presentación de la solicitud del beneficiario. Dicha 
norma legal ha generado como línea jurisprudencial que este Tribunal 
precise de modo uniforme que su aplicación responde a la demora en 
solicitar el reconocimiento del derecho en sede administrativa, al 
configurarse una negligencia del asegurado (Sentencias 05392-2009-
PA/TC, 00984-2009-PA/TC, 05626-2009-PA/TC, 00272-2009-PA/TC, 
02080-2009-PA/TC, 03581-2008-PA/TC, 3851-2010-PA/TC, 2746-
2011-PA/TC y 1436-2012-PA/TC).
4. En el caso concreto, de la Resolución 16809-2022-ONP/DPR.GD/DL 
19990, de fecha 24 de marzo de 20225, se desprende que la ONP le otorgó 
al actor pensión de jubilación minera conforme a la Ley 25009 por la 
suma de S/ 69.17, a partir del 1 de febrero de 1993, incluido el incremento 
por cónyuge, la cual se encuentra nivelada en la suma de S/ 415.00 y 
actualizada a la fecha de emisión de la resolución en la suma de S/ 
500.00, reconociéndole un total de 26 años y 4 meses de aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones. Asimismo, se dispuso el abono de las 
pensiones devengadas a partir del 10 de diciembre de 2020.
5. En relación con lo anotado en el fundamento anterior, cabe resaltar que, 
tal como se desprende de la hoja de liquidación6, el actor solicitó la 
pensión de jubilación minera ante la entidad previsional con fecha 10 de 
diciembre de 2021, fecha en la cual cumplía los requisitos de ley para 
acceder a la pensión de jubilación; por lo que es correcto que la 
liquidación de las pensiones devengadas, en aplicación del artículo 81 
del Decreto Ley 19990, se haya practicado doce meses antes de la 
mencionada solicitud, esto es, el 10 de diciembre de 2020, más aún 
cuando la parte demandante no ha adjuntado documento alguno con el 
que acredite una fecha distinta de apertura del expediente o presentación 
de solicitud.
5 Foja 3.
6 Fojas 33 y 39.
Sala Segunda. Sentencia 1112/2026
EXP. N.º 00527-2025-PA/TC 
LIMA
AGUSTÍN RUFINO TURPO QUISPE
6. Por consiguiente, en vista de que lo pretendido por el demandante no 
resulta amparable, corresponde desestimar la demanda.
7. Sin perjuicio de lo expuesto, es necesario mencionar que este Tribunal 
ha ratificado en la sentencia emitida en el Expediente 02365-2011-
PA/TC el criterio por el cual se ha determinado que el estatuto legal según 
el cual se debe calcular y otorgar una pensión de jubilación es aquel que 
está vigente cuando el interesado reúne los requisitos exigidos por ley y 
que el nuevo sistema de cálculo de la pensión de jubilación establecido 
en el Decreto Ley 25967 se aplicará únicamente a los asegurados que a 
la fecha de su entrada en vigor no cumplan los requisitos del Decreto Ley 
19990 y no a aquellos que los cumplieron con anterioridad a dicha fecha.
8. Los artículos 1 y 2 de la Ley 25009, de jubilación minera, preceptúan que 
la edad de jubilación de los trabajadores mineros será a los 45 años, 
cuando laboren en minas subterráneas, siempre que hayan acreditado 20 
años de aportaciones, de los cuales 10 años deberán corresponder a 
trabajo efectivo prestado en dicha modalidad.
9. Posteriormente, el artículo 1 del Decreto Ley 25967, vigente desde el 19 
de diciembre de 1992, estableció que, para obtener una pensión de 
jubilación, en cualquiera de los distintos regímenes pensionarios, se debe 
acreditar haber efectuado aportaciones por un período mínimo de 20 
años.
10. De la copia del documento nacional de identidad7se advierte que el actor 
nació el 28 de febrero de 1942; por tanto, cumplió la edad para acceder a 
la pensión de jubilación minera que solicitó el 28 de febrero de 1987.
11. Ahora bien, de la resolución cuestionada y del cuadro resumen de 
aportaciones8se aprecia que al 18 de diciembre de 1992 el demandante 
tenía 45 años de edad y 20 años de aportes al SNP, motivo por el cual, 
antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley 25967, cumplía los 
requisitos para que su pensión de jubilación minera sea calculada con el 
sistema establecido en el artículo 73 del Decreto Ley 19990. Cabe indicar 
que la contingencia se produjo el 31 de enero de 1993, fecha de cese del 
accionante, por lo que la demandada aplicó correctamente la forma de 
cálculo establecida en el mencionado artículo.
7 Foja 1.
8 Fojas 29.
Sala Segunda. Sentencia 1112/2026
EXP. N.º 00527-2025-PA/TC 
LIMA
AGUSTÍN RUFINO TURPO QUISPE
12. A mayor abundamiento, se debe precisar que el derecho a la pensión de 
jubilación minera completa establecido en el artículo 2 de la Ley 25009 
no puede interpretarse aisladamente, sino en concordancia con el Decreto 
Ley 19990, la propia Ley 25009 y su reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo 029-89-TR. En consecuencia, la referencia a una 
pensión de jubilación minera completa no significa de manera alguna que 
ella sea ilimitada, sin topes y que se otorgue con prescindencia de las 
condiciones mínimas y máximas comunes a todos los asegurados. Dicha 
precisión también se encuentra establecida en el artículo 110.2 del 
Reglamento Unificado de las Normas Legales que Regulan el Sistema 
Nacional de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo 354-2020-EF.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que 
le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
OCHOA CARDICH
DOMÍNGUEZ HARO
GUTIÉRREZ TICSE
PONENTE DOMÍNGUEZ HARO